La opinión de CCOO sobre el Paro agrario del 20 y 21 de Noviembre

La verdad es que llega un momento que la incomprensión llega desde los lugares menos insospechados, que en realidad no lo son tanto, pues sabida es la diferencia entre patrón y obrero, empleador y empleado o empresario y trabajador. Pero eso sólo es para quien no sabe leer más allá del Estatuto de los Trabajadores, porque poca idea tiene de qué es el medio rural, y quiénes son los artífices de la actividad agraria.

Aquí les dejo el comunicado de CCOO poniendo a parir al empresariado agrario, sin saber distinguir entre los que se consideran “trabajadores del campo”, “campesinos” o simplemente “agricultores”, de aquellos otros verdaderos “empresarios agrarios”, socios capitalistas SA o SL.

Igualmente se corrobora su ignorancia supina acerca del Régimen de la Seguridad Social Agraria, que incluye a los pequeños agricultores autónomos, empresarios para la ciencia económica, pero trabajadores cotizantes a la Seguridad Social para el Estado, como unos curritos más.

Pero bueno, lean, a buen entendedor pocas palabras bastan…


CCOO NO COMPARTE LAS RAZONES PARA EL PARO DE LAS PATRONALES
AGRARIAS DE LOS PRÓXIMOS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE

Desde la Federación Agroalimentaria de CCOO queremos aclarar algunas
informaciones que se están manifestando acerca del paro convocado para los
próximos días 20 y 21 de noviembre en el sector agrario y aprovechar además para
manifestar nuestro posicionamiento respecto a este paro.

En primer lugar debe de quedar claro y llamar las cosas por su nombre: NO ES UNA
HUELGA, ES UN PARO PATRONAL, ya que son los empresarios los que realizarán
la parada y no los trabajadores del campo que, además esos días probablemente se
quedarán sin cobrarlos, imputando un coste a las arcas públicas través del subsidio o
renta agraria que tendrían que percibir los eventuales con ese derecho y otros
trabajadores y trabajadoras simplemente no cobraran el salario .

Una de las reivindicaciones de los patronos agrícolas son los bajos precios que ellos
reciben por sus productos en comparación con los altos precios finales que tienen que
pagamos los consumidores debido a la existencia de un modelo productivo más
orientado a justificar los requisitos de las diversas subvenciones aparejadas a las
actividades agrícolas que la obtención de márgenes derivados de la producción
agraria, las potenciales trasformaciones de los productos (valor añadido) y la
correspondiente comercialización.

En una economía de libre mercado como es la europea y por consiguiente la
española, no parece tener mucho sentido actividades productivas que no se justifiquen
en el beneficio que surge de la comercialización final del producto una vez financiado
todo el proceso de elaboración desde la simiente, pasando por todos los tratamientos
aparejados al proceso agrario y posteriores transformaciones, hasta finalizar en la
venta al público.

A la pretensión de regulación de precios que defiende los patronos agrícolas
mediante normativas específicas, nosotros decimos que hay que regular el modelo de
relaciones laborales que debieran defender las empresas, podríamos empezar por
regular salarios, condiciones laborales, sistemas de contratación y un larguísimo
etcéteras de condiciones referidas a los trabajadores por cuenta ajena que
actualmente están sirviendo como instrumento de ajuste para alcanzar beneficios a
costa de las deplorables y paupérrimas condiciones de los trabajadores agrarios.

Otra contradicción que se plantea es la doble vara de medir: Mientras las patronales
invocan su derecho a manifestarse para defender el valor en origen de los productos,
rechazan el derecho de los trabajadores a movilizarse contra ellos para conseguir
mejoras en las condiciones de trabajo o simplemente la equiparación en derechos con
los trabajadores no agrarios, especialmente la pertenencia al mismo Régimen de la
Seguridad Social.
El otro tema que motiva el paro patronal es la Reforma de la Política Agraria
Comunitaria (PAC), que puede suponer el pago de las ayudas por no cultivar, lo que
supondría un abandono del medio rural.

En este sentido, la Federación Agroalimentaria de CCOO también ha manifestado su
desacuerdo en esta reforma de la PAC, tanto en los contenidos actuales como en la
perspectiva futura de su desaparición en el año 2013. CCOO estima que la PAC debe
orientarse al Desarrollo Rural, vinculando las ayudas a políticas sociales y a la mejora
de las condiciones de salud y seguridad en los puestos de trabajo, Creemos que hay
que potenciar medidas destinadas a dotar al medio rural y sus habitantes de una red
de servicios de calidad potenciando el sector forestal, la conservación de la naturaleza
y el desarrollo rural sostenible. Estas son las diferencias entre las organizaciones
representativas de los trabajadores, los sindicatos y las patronales agrarias, las cuales
basan su reivindicación en una única y exclusiva pérdida de sus beneficios pidiendo un
incremento del presupuesto para la PAC, “más allá del 2013”.
Se pone pues de manifiesto la necesidad de una reforma de la PAC que introduzca
una mayor modulación de las ayudas, vinculada a aspectos sociales y
medioambientales, que tengan en cuenta al conjunto de los ciudadanos que viven en
el mundo rural.
Sin embargo, no entendemos para qué es el dinero que piden, desde luego para
mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras está claro que
no. El sector agropecuario español es uno de los más subvencionados dentro de la UE
y, por el contrario, en España tiene uno de los modelos de relaciones laborales más
arcaicos, que permite la mano de obra irregular, la opacidad fiscal, el fraude a la
Seguridad Social y al erario público.

El Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS), que los patronos
quieren mantener como sea y no integrarlo al Régimen General (RGSS), tiene unas
condiciones laborales muy inferiores al resto de trabajadores del RGSS. Las
discriminaciones más importantes que tienen los trabajadores del REASS son:
– Índice de temporalidad del 80%, el doble que el régimen general.
– Más del 90% de las contrataciones no se realizan por escrito.
– Cotizan sobre una base tarifada que no se corresponde en absoluto con los
salarios reales percibidos.
– No cotizan a la Formación Profesional.
– La pensión de jubilación de un trabajador agrario es un 47.5% inferior a la de
un trabajador del RGSS (más de 55.6% de las pensiones del REASS necesitan
complemento a mínimos frente a un 17.07% en el RGSS).
– Las aportaciones por cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores
fueron superiores en 2.008 a la de los empresarios.
– En períodos de inactividad los trabajadores deben asumir íntegramente la
cotización al sistema.
– Los trabajadores agrícolas no tienen derecho a las prestaciones asistenciales
del desempleo.
Así pues, los empresarios agrícolas no han dejado de consolidar sus privilegios
iniciales en relación con los trabajadores que contratan. Basan sus beneficios en los
bajos costes sociales y laborales.

Desde CCOO no entendemos cómo la fuerte subvención hacia este sector no ha
derivado en unas adecuadas relaciones laborales e ingresos para la mano de obra que
este sector emplea y, por el contrario, se sigue manteniendo el REASS, apoyado
además por partidos políticos como el PP que ha presentado una enmienda a los
presupuestos Generales del Estado 2.010 solicitando una disminución de las
cotizaciones que actualmente realizan los empresarios. Es decir retroceder en lo poco
que habíamos avanzado.
La Federación Agroalimentaria de CC.OO. desde un sentido de responsabilidad con el
sector ha demostrado en infinidad de ocasiones su actitud comprometida con el sector
agrario y solidaria cuando se ha tenido que defender sectores productivos importantes
como el aceite de oliva, el vino, el tabaco, el algodón y otros sectores productivos.
Para la Federación Agroalimentaria de CC.OO. resulta cuando menos sorprendente
que los empresarios agrícolas quieran cargar a costa exclusiva de los trabajadores
asalariados por cuenta ajena sus problemas que están más relacionados con la
negociación de los precios de los productos agrarios con las grandes distribuidoras
que operan en nuestro país.
Las patronales agrarias no pueden basar el beneficio exclusivamente en la reducción
del coste de la mano de obra independientemente de las cuantías de las ayudas que
reciben. En el año 2008, en España se han recibido en ayudas de la PAC unos 5900
millones de euros, mal utilizadas y peor distribuidas, un 14.47% del total de la UE, que
desde luego no han servido ni para generar más y mejores empleos en el sector ni
para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras. Según
datos del propio Ministerio de Medio Rural y Medio Marino el 25% del total de las
Rentas de los agricultores son procedentes de subvenciones de la PAC.
Así pues, la actitud de las patronales agrarias está repercutiendo directamente en la
calidad de vida de sus empleados y en la despoblación del medio rural. Mientras, los
patronos siguen obteniendo grandes beneficios, ya sea por los márgenes derivados de
los costes de producción, ya sea por las ingentes cantidades que reciben de
subvenciones públicas, ya sea por la precariedad de las condiciones trabajo que
aplican a sus trabajadores o ya sea por la suma de todos los factores que intervienen
en este asunto de la Agricultura Española.
Finalmente, resulta paradigmático que una de las patronales agrarias (ASAJA- CEOE)
que convoca el paro tenga paralizada la negociación colectiva en múltiples provincias
y en otras se niega a pagar las subidas salariales pactas a los trabajadores y
trabajadoras que solo dependen de su salario para mantener sus familias.

Madrid, 18 Noviembre de 2.009

Existen aproximadamente más de 1 millón de titulares de explotaciones agrarias, perceptores de la PAC; de los cuales, la mayoría, quizá 600.000, son obreros con cuatro parcelicas o/y un par de vacas, casi 400.000 son agricultores profesionales, y el resto grandes empresarios agrarios, que en realidad son los destinatarios del comunicado, los grandes empleadores de mano de obra en el campo. Que por supuesto no están en el Régimen Especial Agrario y les importa un comino su existencia, pues son socios capitalistas de SA y SL. y sus auténticos negocios suelen ser otros.

Si por algo existía la Federación de Trabajadores de la Tierra-UGT, que se deslindó de la rama agraria de la UGT convirtiéndose en la actual UPA. Que casualmente ha apoyado sin reservas el paro.

Así pues de los 400.000 que a mi me interesan probablemente el 90% de ellos estén en el Régimen de la Seguridad Social Agraria, como autónomos. Quizá su pensión sea una patata, y no tengan a nadie trabajando a su cuenta, simplemente porque no pueden pagarle, no porque no quisieran.

Y ejemplos de asalariados ganando igual o más que su propio empleador, en el campo ahora mismo debe de haber miles. Y efectivamente, si el empleador va a poder vivir, subsistir, despidiendo a sus empleados, no dudará en hacerlo, pero desde luego no va a tocar sus derechos laborales, por la cuenta que le trae…

Eso no quita para poner a parir a los empleadores que atentan contra la ley, pero estamos hablando del sector dentro del Derecho, de las normas, las leyes, los decretos y los regímenes existentes, no lo que está fuera de ello. Quien incumpla la ley que se las tenga con los Tribunales, pero desde luego, pocos agricultores profesionales a título principal tienen problemas con sindicatos obreros y menos con trabajadores por cuenta ajena, porque ni suelen tenerlos, y cuando los tienen son una parte más de la familia, de la Explotación Familiar Agraria, que es el modelo de agricultura persistente en Europa y en España.

Así que si la Federación Agroalimentaria de CCOO tiene problemas con ASAJA-CEOE, como claramente apunta en el comunicado, que no meta en el saco a quienes levantan el país, que además de los trabajadores son los pequeños y medianos empresarios, personas con iniciativa, emprendedores, que no tienen un salario mínimo que protege sus salarios de la economía de libre mercado, que dicen que existe, y de la cual no deben quejarse los agricultores.

Qué cinismo el de esta federación de CCOO, que ignorancia también…

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